Pena de Alejamiento

Prohibición impuesta al condenado de aproximarse o comunicarse con la víctima. Desde la psicología forense se valora su eficacia (reduce el contacto físico, pero es quebrantada con frecuencia por agresores con alta obsesión, celos patológicos o rasgos antisociales), el riesgo asociado al quebrantamiento como indicador de peligrosidad y el fenómeno de la reanudación consentida de la convivencia por la víctima, que revela dependencia emocional, miedo o presión económica y no exime al agresor. Su imposición automática en violencia de género ha sido debatida.

Regulada en el art. 48 del Código Penal español como pena privativa de derechos (prohibición de residir, acudir o aproximarse a lugares o a la víctima y de comunicarse con ella), imponible como accesoria conforme al art. 57, de forma obligatoria en delitos de violencia de género y doméstica (art. 57.2), con control telemático (art. 48.4). Su incumplimiento constituye quebrantamiento de condena (art. 468.2). En Costa Rica, la Ley 7586 (art. 3) prevé la prohibición de acercamiento como medida de protección y las penas alternativas de la Ley 8589 (cumplimiento de instrucciones) permiten imponerla al condenado.