Perito de Parte

Profesional designado y contratado directamente por una de las partes del proceso (a diferencia del perito de designación judicial, elegido por el tribunal mediante insaculación o sorteo), cuya función consiste en elaborar un informe pericial que sustente técnicamente la posición procesal de quien lo contrata, sometido no obstante a los mismos deberes deontológicos de objetividad, veracidad e independencia de criterio técnico que cualquier otro perito, no pudiendo convertirse en un mero defensor de los intereses de la parte que lo contrató en detrimento del rigor científico exigible a su dictamen.

Se regula en la mayoría de los ordenamientos procesales como una modalidad legítima de prueba pericial, con plena admisibilidad y valor probatorio equivalente en principio al del perito de designación judicial, correspondiendo al juzgador valorar libremente y de forma motivada, conforme a las reglas de la sana crítica, el mayor o menor rigor técnico y la coherencia interna de cada informe pericial aportado, con independencia de quién lo haya encargado.